Un inventario de la esperanza, por Mario Osava

En cambio, las comunidades están desarrollando proyectos ambientales que han mejorado ya la calidad de vida de muchas personas de escasos recursos y que permiten hacer un inventario de la esperanza.

Sectores marginados por la civilización industrial se vuelven actores de un nuevo desarrollo. Los indígenas son ahora guardianes de la biodiversidad y sus conocimientos generan ganancias económicas a un mundo que antes los condenaba a la extinción.

Las comunidades indígenas de Chile, que son de las más hostigadas en América Latina, cuentan hoy con el respaldo de la Ley de Desarrollo Indígena de 1992 y de la Ley Ambiental de 1994. Gracias a la nueva legislación, se movilizan con más fuerza contra los grandes proyectos que pueden destruir su hábitat.

En Venezuela, otro movimiento formado por indígenas y pobladores de la Cuenca del Río Caroni logró paralizar la concesión de 200 minas con el apoyo de organizaciones no gubernamentales (Ong).

Estas minas, concedidas ilegalmente a empresas transnacionales, amenazaban el ecosistema de la región, donde se ubica la base del mayor complejo hidroeléctrico de América Latina, fuente de energía barata y relativamente limpia.

Brasil, la gran potencia ambiental de la región, creó formalmente un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable a finales de febrero de este año, en vísperas de la conferencia internacional Río+5, organizada para evaluar la implementación de los acuerdos de la Cumbre de la Tierra de 1992.

Las Ong advirtieron que el Consejo creado en Brasil sólo integraba a una minoría de la sociedad civil y estaba ubicado en la periferia del poder.

Pero en opinión de la secretaria ejecutiva del Ministerio del Medio Ambiente, Aspasia Camargo, lo importante es que la Agenda 21 de Brasil se construye desde las comunidades.

"Para gran sorpresa de los que creen que en Brasil no se hace nada, cien experiencias puestas en marcha en todo el país fueron presentadas en marzo en el foro Río+5", señaló Camargo.

Estas engloban un total de 220 proyectos. Se trata de iniciativas locales que, con participación de la sociedad, combinan la conservación y recuperación del ambiente con la generación de ingresos, integrando acciones de distintas instancias gubernamentales y de grupos sociales.

Las políticas implementadas en muchas áreas configuran ya una Agenda 21 y sólo falta darles este nombre, comentó la funcionaria.

Agregó que varias empresas están encarando la gestión ambiental, como lo demuestra el hecho de que al menos 11 ya obtuvieron la certificación Iso 14.000.

Para Bruno Pagnoccheschi, secretario ejecutivo del Instituto de Población, Sociedad y Naturaleza, el problema es que, pese a los progresos a escala local, "no se incorpora la variable ambiental al modelo económico".

En Chile, uno de los casos más relevantes de presión de la sociedad civil es el de Copiapó, 800 kilómetros al norte de Santiago. Ampares, una organización ambientalista de mujeres, obligó a la Empresa Nacional de Minería a establecer un plan de reconversión de la fundición de minerales, ya que el proceso era altamente contaminante.

Por otra parte en tres de las 35 comunas de Santiago se pusieron en marcha planes de reciclaje de basura, y en varias ciudades se habilitaron vías de circulación de bicicletas para favorecer así el reemplazo del automóvil.

Las dos mayores manifestaciones realizadas en Santiago desde 1990, cuando la restauración de la democracia puso fin a las movilizaciones políticas de masas, fueron convocadas por grupos ambientalistas.

La primera se realizó en 1995 contra los ensayos nucleares franceses en el Atolón de Mururoa, y la segunda fue en favor de "un aire limpio para Santiago", en 1996.

En Venezuela, la Ong "Amigos de la Gran Sabana" dice que después de la Cumbre de 1992 hubo un retroceso a nivel del gobierno. Se cerró por completo la participación de las Ong, se relegaron las consultas públicas y se dejaron de aplicar diversas leyes ambientales, aseguró Eugenia Bustamante, coordinadora de la organización.

"Las comunidades son islas de creciente conciencia ambiental", agregó su colega Alicia García, destacando la incorporación de organizaciones sociales en la defensa del medio ambiente, en una "positiva interrelación de movimientos".

El proyecto de Catuche, en Caracas, fue reconocido como una de las cien mejores experiencias mundiales por Hábitat II, Conferencia sobre Asentamientos Humanos que tuvo lugar el año pasado en Estambul.

Nueve mil habitantes de un barrio pobre de la capital venezolana sanearon por iniciativa propia la quebrada de Catuche. Canalizaron las aguas residuales y las de lluvia y, finalmente, reconstruyeron su vecindario.

Costa Rica creó una institucionalidad que permite la plena participación de la sociedad en la toma de decisiones ambientales, destacó Michael Montoya, miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible.

La nación centroamericana participa desde 1996 en un innovador modelo de cooperación internacional ambiental con Holanda.

"No es un convenio de gobierno a gobierno, sino de sociedad a sociedad, por lo cual hay delegados de todos los sectores, lo que permite una participación activa y sin discriminación", explicó Montoya.

Cada sector, ya sea que se trate del gobierno, centros académicos, empresas, cooperativas u Ong, tiene su contraparte en el otro país.

El acuerdo, que prevé un aporte europeo de 10 millones de dólares al año, contiene una cláusula de reciprocidad, que contempla la realización en Holanda de todo programa implementado en Costa Rica y viceversa.

Las inversiones se distribuyen entre proyectos propuestos por cualquier sector, que deben ser de factible aplicación en otros países.

Bolivia vive un proceso singular ya que es el gobierno el que ha mantenido la iniciativa en el área ambiental, ante una sociedad poco movilizada.

En 1994 fue decretado el Plan General de Desarrollo Económico y Social, que contempla el desarrollo sustentable entendido con base en cuatro pilares: crecimiento económico, equidad social, uso racional de los recursos y gobernabilidad.

Asimismo, medidas oficiales establecen exigencias ambientales para productos de exportación, con el fin de evitar la contaminación y el agotamiento de recursos naturales, como el agua y el suelo.

El gobierno lanzó un proyecto de manejo integral de la Cuenca del Lago Titicaca, compartido con Perú. La iniciativa busca un mejor aprovechamiento y la protección de las aguas del lago, donde se usa un sistema de almacenamiento de aguas de lluvia para mantener su nivel en época de sequía.

Este breve recorrido por las iniciativas ambientales de la región da cuenta de cómo la Agenda 21 avanza por experiencias dispersas y desiguales. Acaso, vivimos hoy una fase de acumulación de fuerzas, de ampliación de la conciencia y de inclusión de nuevos actores. Pero aún es muy temprano para afirmar que la Agenda 21 influye ya decisivamente en el rumbo del desarrollo económico de cada país.

* El autor es corresponsal de la Red Ips-Pnuma en B rasil. Artículo con base en información de las corresponsalías de Ips en Venezuela, Costa Rica, Chile y Bolivia.